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Ahora, tres años más tarde, Martínez teme que un proyecto de ley estatal la obligue a ella y a su familia a regresar a México.
Martínez fue una de varias inmigrantes ilegales que se presentaron el martes en el Congreso estatal de Carolina del Sur para pedir a legisladores que vuelvan a revisar una propuesta que exige a los empresarios examinar el status legal de sus empleados y permite entablar demandas a empleados que son reemplazados por indocumentados.
"Todo lo que quiero es trabajar", dijo Martínez, de 35 años.
Martínez gana 200 dólares a la semana empacando velas en Charleston. Su esposo trae al hogar 300 dólares a la semana de un empleo en la construcción. El dinero que gana la pareja es muy superior al que pueden obtener en Puebla, México, donde el trabajo escasea.
"Ellos no son marcianos", dijo Diana Salazar, presidenta de la Asociación Latino de Charleston, que organizó el evento el martes.
"Ellos no son causantes de terrorismo", dijo Salazar, de ascendencia mexicana, con tres generaciones viviendo en Estados Unidos. "Ellos no son criminales. Ellos sólo quieren que sus familias se mantengan unidas".
Salazar advirtió a los legisladores que sus propuestas afectarán la economía de Carolina del Sur, que, dijo, tiene como puntales la mano de obra barata de los indocumentados, que además trabajan mayor cantidad de horas que lo normal.
El proyecto de ley también quiere convertir en un delito la protección o transporte de indocumentados.
La Cámara de Representantes y el Senado han formulado diferentes propuestas de ley para el control de indocumentados. La Cámara de Representantes aceptó que la supervisión de empleados se haga en empresas que han firmado contratos públicos. El Senado exige que el mandato se extienda a empresas privadas. Los dos cuerpos legislativos deben discutir sus diferencias en un comité de arbitraje.
Líderes legislativos han expresado su esperanza de que el proyecto, de ser aprobado, reducirá la cifra de indocumentados en Carolina del Sur.
Pero los críticos del proyecto han dicho que la ley no logrará mucho, en parte porque el tema de la inmigración es un asunto federal.
"Si ustedes desean saber quienes somos, ofrézcannos acceso a licencias de conducir, y recibirán toda la información", dijo el
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